La sentencia revela complicidades del gobierno y la militarización en la protección de derechos indígenas afectados por violencia y manipulación judicial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una fallo que responsabiliza al Estado mexicano por la muerte violenta de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena nahua de 73 años víctima de violación sexual y tortura por militares en 2007. La resolución revela que las investigaciones oficiales carecieron de perspectiva de género, etnia y edad, además de ser cerradas prematuramente y influenciadas por estereotipos que minaron la credibilidad de las declaraciones de la víctima y sus familiares. Este caso emblemático resulta en un reflejo de las fallas estructurales en la justicia mexicana, donde esfuerzos por encubrir la responsabilidad militar y evitar el cuestionamiento al poder civil son evidentes. El fallo señala que altas autoridades, incluyendo al expresidente Felipe Calderón Hinojosa y al entonces gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, participaran en la manipulación de evidencias, modificando dictámenes periciales para favorecer a los militares implicados. La omisión y las decisiones administrativas suscitadas en el proceso muestran cómo la militarización excesiva y la poca independencia judicial afectan derechos fundamentales y perpetúan la impunidad en casos de violencia contra comunidades indígenas. Este fallo adquiere mayor relevancia en un contexto donde México enfrenta múltiples desafíos en materia de derechos humanos, particularmente en la protección de las comunidades originarias frente a abusos y violaciones perpetrados por fuerzas armadas. La decisión de la Corte subraya que el Estado mexicano debe implementar medidas integrales, garantizando justicia con perspectiva de género, étnica y social, además de reforzar la supervisión civil sobre las acciones militares. La sentencia sienta un precedente que invita a una profunda revisión de los mecanismos institucionales y una mayor tran
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