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EE. UU. declara el fentanilo como arma de destrucción masiva

Washington clasifica oficialmente el fentanilo como arma de destrucción masiva, ampliando las acciones contra su tráfico en medio de una grave crisis de salud pública.

Por Redacción2 min de lectura
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La administración estadounidense clasifica oficialmente el fentanilo sintético como una amenaza comparable a un arma de guerra, intensificando esfuerzos de control y cooperación internacional. En una medida sin precedentes, el gobierno de los Estados Unidos ha definido oficialmente al fentanilo como un arma de destrucción masiva, en respuesta a la alarmante crisis de salud pública derivada del aumento en su consumo y tráfico ilícito. La declaración se realizó en una ceremonia en la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump enfatizó que la letalidad de este opioide sintético supera las cifras oficiales, estimando que entre 200 mil y 300 mil personas podrían haber fallecido anualmente en los últimos años a causa del fentanilo. El intercambio de información revela que, en los últimos dos años, las muertes por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos superaron las 250 mil, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). La administración estadounidense también acusó a actores extranjeros, incluyendo organizaciones terroristas y cárteles de narcotráfico, de colaborar activamente para traficar esta sustancia, financiando violencia, terrorismo y otros actos ilícitos en distintas regiones del mundo. El anuncio se produce en un contexto donde la problemática del narcotráfico ha exigido un endurecimiento de las políticas de control. Por ello, la orden ejecutiva instruye a diversas agencias gubernamentales a fortalecer las estrategias contra el tráfico de fentanilo. Entre sus disposiciones, se contempla que las Fuerzas Armadas actualicen protocolos para responder a emergencias químicas, reconociendo la gravedad del fentanilo como una amenaza que trasciende el consumo recreativo y se asemeja a un ataque químico. Este movimiento refleja la creciente prioridad que la Casa Blanca otorga a la lucha contra el opioide sintético, cuya penetración en Estados Unidos ha exacerbado la crisis de adicciones y muertes relacionadas en la última década

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