Las sanciones buscan desmantelar las operaciones del grupo delictivo y frenar el lavado de dinero y el robo de hidrocarburos en Guanajuato, en un contexto de creciente violencia y actividades ilícitas en la región. Estados Unidos ha oficializado sanciones contra el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), identificándolo como una organización criminal transnacional que opera en varias regiones del México central. Las acciones apuntan a reducir sus ingresos, principalmente derivados del robo de hidrocarburos en Guanajuato, una zona conocida como el "Triángulo de las Bermudas", donde la extracción ilegal de petróleo y combustible generan ganancias millonarias y alimentan un mercado negro transfronterizo. Desde 2014, el CSRL ha consolidado su influencia regional bajo el liderazgo de José Antonio Yépez Ortiz, alias "El Marro", quien permanece en un penal de máxima seguridad en Durango tras su detención en 2020. La medida sancionatoria revela que, incluso en prisión, "El Marro" continúa operando mediante familiares y abogados, manteniendo alianzas con otros grupos criminales como el Cártel del Golfo para confrontar al Cártel Jalisco Nueva Generación. Este control remoto en la estructura criminal evidencia la fortaleza de estas organizaciones y su capacidad para desafiar las acciones de las autoridades mexicanas. La relevancia de estas sanciones va más allá de la lucha contra el crimen organizado, puesto que impactan directamente en la economía formal y en la seguridad regional. La movilización de recursos ilegales socava instituciones, fomenta la violencia y perjudica a las comunidades y empresas legítimas. La ofensiva estadounidense, bajo la orden ejecutiva 13581, congela activos y busca desarticular las finanzas del cártel, reforzando así la cooperación binacional en la guerra contra el narcotráfico y el crimen transnacional. El CSRL surgió en 2014 en Villagrán, Guanajuato, y en un inicio se centró en actividades de robo de hidrocarburos mediante perforaciones y ataques a
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