La estrategia de Estados Unidos impacta a nivel global, pero México mantiene ventajas en el contexto del T-MEC La política arancelaria implementada por el expresidente Donald Trump resulta jurídicamente indefendible, pues viola sus propias leyes, la Organización Mundial de Comercio (OMC) y diversos tratados de libre comercio firmados por Estados Unidos. Desde el punto de vista económico, dichas medidas amenazan con dañar la economía estadounidense, reduciendo su competitividad y elevando los costos para consumidores y empresas. Desde hace décadas, Trump ha mostrado incomodidad ante una economía estadounidense relativamente abierta, haciendo uso de amenazas arancelarias como instrumentos de presión y extorsión en sus relaciones comerciales internacionales. Su estrategia ha sido presionar a competidores, socios y proveedores, generando un escenario de incertidumbre y tensión en el comercio global. Es destacable que los principales países afectados no hayan logrado coordinar una respuesta conjunta para contrarrestar estas amenazas. Cada nación ha evaluado que la mejor opción era minimizar el daño a su economía y evitar represalias que puedan perjudicar sus intereses. Aunque una acción coordinada sería deseable, la falta de acuerdo ha resultado en que la carga mayor recaiga en Estados Unidos, incluso si su gobierno no reconoce plenamente este hecho. Por otro lado, resulta aún más grave y revelador que el propio sistema político y judicial estadounidense no haya logrado una resistencia contundente frente a estas políticas. Ni el sector privado, que busca adaptarse, ni el Congreso, que podría defender sus prerrogativas, ni los medios de comunicación, que no han sido suficientemente críticos, ni aún el Poder Judicial, que ha sentenciado sobre el abuso de la International Economic Emergency Powers Act (IEEPA), han tomado acciones decisivas para frenar dichas medidas. La persistencia de estas acciones evidencia que el Estado de Derecho y la división de poderes no han logrado
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