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El incremento de la narco minería y la expansión del tráfico de cocaína en Perú y Sudamérica

El aumento de la producción de coca y la minería ilegal en Perú refuerzan las redes criminales, devastan el medio ambiente y desafían la cooperación regional.

Por Redacción2 min de lectura
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La relación entre el cultivo de coca y la minería ilegal de oro impulsa la economía criminal en la región, fortaleciendo redes transnacionales y afectando el medio ambiente. En los últimos años, Sudamérica ha experimentado un notable aumento en la producción de cocaína y en la minería ilegal de oro, fenómenos que se han consolidado como pilares de las economías criminales en la región. Aunque Colombia sigue siendo un epicentro histórico en el cultivo de coca, Perú supera a otros países en volumen de producción, con más de 800 toneladas de cocaína producidas en el último año. Este incremento se ha desplazado hacia zonas bajas cercanas a Brasil y Colombia, donde las rutas clandestinas y pistas de aterrizaje en la selva facilitan el tráfico internacional. Un factor clave que alimenta esta crisis es la creciente relación entre el cultivo ilícito y la minería ilegal de oro, conocida como “narco minería”. La explotación ilegal del oro se ha convertido en una opción lucrativa para las organizaciones criminales, que ven en ella un método eficaz para lavar activos provenientes del narcotráfico. La dificultad para rastrear el origen del oro, combinado con su alta demanda en mercados internacionales, ha convertido esta actividad en una vía rápida para incrementar la riqueza ilícita. Este fenómeno no solo favorece la acumulación de capital en manos de grupos armados y bandas criminales, sino que también genera un impacto ambiental irreversible. La deforestación, envenenamiento de ríos y pérdida de biodiversidad en la Amazonía alcanzan niveles críticos, agravados por las disputas territoriales y la corrupción que permiten la presencia de actores ilegales en las fronteras de Perú, Ecuador, Brasil y Venezuela. La situación se agrava en un contexto de inestabilidad política y debilitamiento de las instituciones, haciendo más difícil implementar acciones efectivas contra estas actividades ilícitas. La presencia de grupos armados y disidentes en zonas fronterizas aumenta la violencia

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