WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS. – El contrabando de combustible entre Estados Unidos y México ha encendido las alarmas en el Senado estadounidense, llevando al senador demócrata Ron Wyden a iniciar una investigación formal y a presionar a siete compañías navieras internacionales para que expliquen cómo evitan que sus petroleros sean utilizados por cárteles mexicanos para transportar hidrocarburos ilícitos. Según información de La Jornada, Wyden se dirigió a siete empresas de transporte marítimo como parte de una indagatoria sobre el tráfico ilegal de gasolina, diésel y crudo vinculado al crimen organizado. El legislador solicitó a las compañías que detallen sus procedimientos de control y diligencia debida para prevenir el uso de sus buques en estas operaciones ilegales. Estas solicitudes se enmarcan en un contexto donde el combustible robado y de contrabando se ha consolidado como la segunda fuente de ingresos para los cárteles mexicanos, superado únicamente por el narcotráfico, de acuerdo con estimaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El fenómeno del huachicoleo se fortalece como un negocio clave para organizaciones como el CJNG y el CSRL, según reportes oficiales, que también señalan al contrabando de hidrocarburos como la actividad criminal más rentable fuera del tráfico de drogas para estos grupos, fortaleciendo su poder económico y facilitando la expansión de mercados ilegales transfronterizos. Las organizaciones criminales han logrado infiltrarse en el sector energético de Norteamérica, dominando la logística del transporte de hidrocarburos a través de diversos medios, incluyendo camiones, ferrocarriles y, más recientemente, buques petroleros. Fuentes policiales citadas por La Jornada indican que los cárteles han reclutado a personal de la industria petrolera, algunos sin conocimiento del uso ilícito de los cargamentos y otros con participación directa, lo que ha permitido el movimiento de grandes volúmenes de combustible a través de rutas a
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