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La UE multa a X por violaciones y Elon Musk anuncia respuesta

La UE multa a X con 120 millones de euros por incumplimientos en transparencia y verificación, y Musk anuncia una respuesta que podría escalar el conflicto internacional.

Por Redacción2 min de lectura
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La Comisión Europea impone una multa de 120 millones de euros a la plataforma propiedad de Elon Musk por incumplimientos en transparencia y verificación, intensificando el conflicto regulatorio. La Comisión Europea impuso una multa de 120 millones de euros a la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, por infracciones relacionadas con la digitalización de sus procesos y la transparencia publicitaria. La sanción llega tras varias denuncias vinculadas al diseño engañoso del distintivo de verificación azul, que podría generar confusión sobre la autenticidad de las cuentas, y a la opacidad en el registro de anuncios promocionales, limitando la capacidad de investigación sobre campañas de desinformación y abusos en línea. Además, la plataforma enfrentó críticas por dificultar el acceso de investigadores a datos necesarios para combatir discursos dañinos en la red. Esta medida se suma a una tendencia inédita de la Unión Europea para hacer valer las reglas establecidas en la Digital Services Act, que busca garantizar mayor transparencia y seguridad en el entorno digital. La sanción se fundamenta en el impacto potencial en millones de usuarios en la región y en la duración del incumplimiento por parte de la plataforma. Antes del plazo de 60 a 90 días para presentar un plan correctivo, Elon Musk anunció a través de su plataforma que preparará una “respuesta” que va más allá de la Unión Europea y que también involucra a los responsables de la sanción. Históricamente, las medidas regulatorias de la UE han despertado divisiones, especialmente con empresas tecnológicas estadounidenses. En este escenario, altos funcionarios en Estados Unidos criticaron la multa, considerándola una amenaza a la libertad en Internet y a la innovación tecnológica. La situación refleja un enfrentamiento creciente entre la regulación estricta europea y la postura de instituciones y empresas que defienden un internet abierto y menos controlado, generando un posible uso estratégico en la lucha

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