El gobierno venezolano ordenó la protección militar de sus buques petroleros tras una serie de sanciones y reclamaciones por activos confiscados por Estados Unidos. En un contexto de tensión diplomática, Venezuela ha intensificado sus medidas para defender su industria petrolera frente a las sanciones y reclamaciones internacionales. El gobierno del presidente Nicolás Maduro ordenó la escolta militar de barcos petroleros en respuesta a las acciones unilaterales de Estados Unidos, que incluyen sanciones y la confiscación de activos vinculados a empresas estadounidenses en suelo venezolano. Desde hace años, la nación sudamericana ha enfrentado disputas por la expropiación de firmas extranjeras en el sector energético. Estados Unidos ha impuesto medidas restrictivas alegando que se han lesionado intereses energéticos de empresas norteamericanas en Venezuela, además de acusaciones adicionales relacionadas con actividades ilícitas. En 2014, un tribunal arbitral internacional ordenó a Caracas pagar aproximadamente 1.600 millones de dólares a ExxonMobil, tras una reclamación por expropiaciones previas. En este escenario, la decisión venezolana de ampliar la protección de sus embarques petroleros busca salvaguardar sus recursos estratégicos. La acción ocurre en un momento en que la tensión con Washington se ha agravado con el anuncio de un supuesto bloqueo total a la industria petrolera y los intentos de la administración estadounidense por restringir las exportaciones venezolanas. Durante décadas, las petroleras estadounidenses dominaron inicialmente el sector en Venezuela hasta su nacionalización en los años 70 y principios del siglo XXI en el marco de cambios políticos en el país. La disposición del gobierno venezolano para escoltar sus buques busca evitar nuevas confiscaciones y garantizar la continuidad de sus exportaciones, que son vitales para la economía nacional. Este conflicto refleja no solo una disputa económica, sino también una compleja lucha geopolítica que b
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