Caracas, Venezuela. – La detención de Nicolás Maduro ha sumido a Venezuela en un complejo debate legal y político sobre la línea sucesoria presidencial. Mientras el oficialismo aboga por la continuidad a través de la vicepresidencia bajo un estado de excepción, juristas y líderes opositores argumentan que esta coyuntura debería ser la oportunidad para restaurar el orden democrático tras los comicios de 2024. La interpretación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sugiere que la aprehensión de Maduro configura una situación de “conmoción exterior”, lo que justifica la designación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como “presidenta encargada”. Esta medida, fundamentada en los artículos 233 y 234 de la Constitución, busca asegurar la continuidad administrativa y la defensa nacional, evitando así la convocatoria inmediata de elecciones. En contraparte, la oposición, liderada por María Corina Machado y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), insiste en que la “falta absoluta” del presidente debe resolverse reconociendo la soberanía popular. Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, ha demandado que Edmundo González Urrutia asuma su “mandato constitucional” como presidente electo, basándose en los resultados de las actas de escrutinio del 28 de julio de 2024. Diversos mandatarios latinoamericanos han expresado su postura. Daniel Noboa, presidente de Ecuador, manifestó su rechazo al régimen chavista, mientras que Javier Milei, presidente de Argentina, calificó la situación como la caída de un dictador y un beneficio para la región. Desde Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció la relevancia de Machado, pero señaló la prioridad del interés nacional estadounidense en la transición. Por su parte, Donald Trump declaró que EE. UU. gestionará la transición en Venezuela, incluyendo la administración del “oro negro” y la inversión de petroleras estadounidenses en la infraestructura del país, invocando la Doctrina
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