Analistas destacan una estructura autoritaria que combina control institucional y redes de lealtad, prolongando la dictadura pese a crisis y sanciones. El régimen de Nicolás Maduro ha consolidado una estructura de poder que combina mecanismos de control total y una red de beneficiarios que sostienen la dictadura en Venezuela. La existencia de un aparato que recurre a la represión, manipulación electoral y control judicial ha sido clave para mantener la estabilidad del gobierno, pese a las diversas crisis que enfrenta el país. La utilización de leyes habilitantes y la modificación del sistema judicial han permitido al régimen gobernar por decreto y reducir la competencia en los procesos electorales, limitando la participación de la oposición y aparentando institucionalidad sin ser realmente democráticas. Por otro lado, la estructura de poder se extiende a sectores que tradicionalmente no tenían participación significativa, como las Fuerzas Armadas y ciertos colectivos civiles. Estos grupos, llamados en ocasiones colectivos paramilitares, colaboran con el régimen a cambio de favores económicos y permisividad para operar en actividades ilícitas. La coordinación entre estos actores ha descentralizado la represión y ha fortalecido una red de lealtad que trasciende las instituciones oficiales, asegurando la supervivencia del régimen aún en medio del colapso económico y social. Este modelo de dominación se ha visto reforzado por la crisis del Estado venezolano, que genera incentivos para que quienes ostentan el poder se integren a la estructura. La lealtad al régimen garantiza impunidad y acceso a recursos, creando una élite que comparte intereses con Maduro. De mantenerse las condiciones actuales, incluso en caso de un cambio de liderazgo, existe la posibilidad de que la misma estructura autoritaria se reproduzca bajo diferentes rostros, debido a los intereses compartidos dentro de la red de poder. La persistencia del régimen venezolano revela cómo las dictaduras pueden a
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