Ciudad de México. – La reciente incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, ocurrida el 3 de enero, ha desencadenado una crisis diplomática y bélica, alejando las posibilidades de una solución pacífica y planteando un escenario de conflicto abierto. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha asumido la presidencia interina tras denunciar el presunto secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses. El incidente, que según informes preliminares dejó un centenar de muertos en Venezuela, incluyendo miembros del círculo cercano a Maduro, pero sin bajas estadounidenses, es analizado por diversos observadores. Una de las tesis sugiere que la operación pudo ser una puesta en escena orquestada por Donald Trump para exhibir poder ante la proximidad de las elecciones presidenciales en noviembre en Estados Unidos. Mientras tanto, la narrativa oficial venezolana, respaldada por embajadores de China, Irán y Rusia, se aleja de la versión de una intervención quirúrgica y apunta a una acción más compleja, posiblemente con apoyo de desertores del régimen. La comunidad internacional se encuentra dividida ante los hechos. Mientras algunos celebran la aparente caída de un régimen autoritario, otros condenan la invasión y la violación del derecho internacional. Estados Unidos, a través de sus acciones, parece buscar el control de los recursos petroleros venezolanos, con el objetivo de ejercer presión económica y geopolítica sobre China y el resto de América Latina. En este contexto, México, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha fijado una postura firme y clara. En un posicionamiento oficial, Sheinbaum rechazó categóricamente la intervención en los asuntos internos de otros países, basándose en la Constitución mexicana, la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. México aboga por la integración económica y la cooperación continental, siempre con respeto a la soberanía y la libre d
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