La justicia absuelve al exsecuestrador, reconociendo irregularidades en su proceso y vinculando su caso con montajes policiales y torturas Israel Vallarta Cisneros fue liberado este viernes tras permanecer casi 20 años en prisión sin sentencia definitiva, en un caso que ha generado amplias controversias sobre las fallas del sistema de justicia en México. Acusado inicialmente de secuestro, delincuencia organizada y otros delitos relacionados, su proceso estuvo marcado por irregularidades y un largo historial de recursos legales sin resolución favorable hasta la reciente absolución. Vallarta, de 55 años, salió del penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, donde permaneció recluido desde diciembre de 2005. La decisión de la jueza Mariana Vieyra Valdés, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en Toluca, fue clara: no existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal en los delitos por los que fue acusado. La magistrada determinó que las acusaciones carecían de sustento y que la responsabilidad de Vallarta en el secuestro y otros cargos no podía ser probada. El proceso judicial fue extenso y complejo, con múltiples recursos interpuestos por la defensa, incluyendo al menos 10 apelaciones, seis juicios de amparo, siete recursos de revisión y tres quejas ante instancias nacionales e internacionales. La causa de la prolongada privación de libertad fue, en parte, la existencia de indicios de tortura durante su detención y las irregularidades en los procedimientos policiales y judiciales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió recomendaciones por actos de tortura y violaciones a los derechos de la familia Vallarta, mientras que organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de la ONU, también alertaron sobre las condiciones del proceso. El caso de Vallarta estuvo rodeado de polémica desde el principio. Fue detenido en diciembre de 2005 en el rancho "Las Chinitas", junto con Florence Cassez, en
