reformas en el Código Penal buscan sancionar con mayor severidad a quienes coaccionan a jóvenes a participar en actividades ilegales El reclutamiento forzado de jóvenes en México enfrenta una propuesta normativa que busca elevar las penas para quienes obligan a menores a integrar organizaciones criminales. La intención es distinguir este delito de la trata de personas y la corrupción de menores, pues implica coacción en lugar de explotación sexual o laboral. En 2026, se espera que el Congreso apruebe una reforma al Código Penal Federal para tipificar claramente el reclutamiento forzado, que actualmente carece de figura penal específica. La iniciativa del diputado Ricardo Mejía Berdeja busca cerrar ese vacío legal y garantizar sanciones más rigurosas a los responsables. Este cambio surge ante evidencia creciente de que el reclutamiento mediante engaños o redes sociales es un método frecuente para captar a jóvenes, quienes luego son utilizados como informantes, halcones o sicarios. Estos crímenes se han visto en casos como el ocurrido en Rancho Izaguirre, Jalisco, centro de reclutamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación. Especialistas coinciden en que la ausencia de una figura penal concreta permite a los delincuentes evadir justicia con mayor facilidad. La propuesta es que las penas alcancen varias décadas de prisión, similares a las que se aplican a la extorsión y el secuestro. La discusión busca también responder a la necesidad de proteger a los menores y reducir la influencia de las organizaciones delictivas en la juventud. El avance en la legislación refleja una mayor voluntad política para combatir estos delitos. La iniciativa cuenta con apoyo en la Comisión de Justicia, y varias fuerzas políticas han mostrado consenso en la importancia de tipificar el reclutamiento forzado. La prioridad es evitar que la coacción continúe siendo impune, dejando abierta la posibilidad de liberar a las víctimas de formas de violencia que trascienden la simple delincuencia. La p
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