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Jalisco

FGR solicita 90 años de prisión para exalcalde de Tequila

La FGR busca penas de hasta 90 años de prisión para Diego Rivera, exalcalde de Tequila, por secuestros y extorsiones documentadas.

Por Redacción1 min de lectura
La Fiscalía investiga casos de secuestro y extorsión relacionados con el exfuncionario.
La Fiscalía investiga casos de secuestro y extorsión relacionados con el exfuncionario.
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{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "headline": "FGR solicita 90 años de prisión para exalcalde de Tequila", "description": "La FGR busca penas de hasta 90 años de prisión para Diego Rivera, exalcalde de Tequila, por secuestros y extorsiones documentadas.", "datePublished": "2026-02-10T11:44:54.930629", "dateModified": "2026-02-10T11:44:54.930642", "author": { "@type": "Organization", "name": "Redacción" } } Tequila, Jalisco. – La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado penas de 40 a 90 años de prisión para el exalcalde Diego Rivera Navarro, detenido por delitos de secuestro y extorsión , con un total de al menos 20 casos documentados en su contra. La investigación comenzó en 2025 , a raíz de denuncias anónimas que se reforzaron gracias a testimonios de las víctimas y otros testigos. Según el expediente 39/2026, las diligencias se llevaron a cabo en Tequila, así como en los municipios de San Juanito Escobedo, Zapopan y Juanacatlán. Las indagatorias dieron lugar a seis órdenes de aprehensión, de las cuales cuatro fueron ejecutadas contra Diego Rivera y otros exfuncionarios, incluidos su excomisario y el exdirector de Catastro. La FGR también documentó tres propiedades utilizadas como casas de seguridad en los municipios mencionados. Al menos 20 comerciantes han declarado que desde el inicio de la administración del exalcalde, han recibido "visitas" de funcionarios acompañados por personas armadas, quienes exigían pagos que variaban entre mil 500 y 20 mil pesos, además de cuotas mensuales. Las acusaciones incluyen la privación ilegal de la libertad de rivales políticos en 2021, lo que sugiere una fusión entre criminalidad y poder político. Este contexto plantea preocupaciones significativas sobre el equilibrio de poder en Jalisco y resalta la necesidad de desarraigar a integrantes de esta estructura criminal del entorno político del estado.

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