880 jueces y magistrados siguen sin recibir indemnización prometida, generando protestas y cuestionamientos sobre el cumplimiento de la ley y la voluntad política. Tras la implementación de la nueva estructura del Poder Judicial, un grupo importante de jueces y magistrados en retiro enfrenta una situación de indefensión. En total, alrededor de 880 funcionarios judiciales, que fueron cesados por cambios en la reforma, continúan sin recibir las indemnizaciones que la ley les garantiza, lo que representa una deuda que supera los 2,500 millones de pesos. La legislación especifica que estas indemnizaciones, equivalentes a tres meses de salario integrado más veinte días por cada año de servicio, deben pagarse con fondos federales, pero la Secretaría de Hacienda ha señalado que no cuenta con los recursos necesarios, tras la centralización de fideicomisos judiciales en la Tesorería de la Federación. Este incumplimiento ha generado rechazo entre los afectados, quienes consideran que las acciones del gobierno federal violan derechos constitucionales establecidos en el artículo 101 y en el artículo Décimo Transitorio del decreto de reforma. Además, en el contexto actual, los jueces están en un limbo jurídico y económico, ya que no pueden litigar ni ejercer su profesión, situación que refuerza la percepción de falta de voluntad política para resolver la situación. La tensión se ha intensificado en las últimas semanas, al agotarse las instancias institucionales y las reuniones con mediadores que prometieron una revisión caso por caso, sin que hasta ahora exista una solución definitiva. La comunidad judicial ha anunciado una tercera marcha el 12 de noviembre, en busca de justicia y cumplimiento de sus derechos constitucionales, en una manifestación que recorrerá las calles frente al órgano encargado de la administración judicial y concluirá en el centro de la Ciudad de México. Este conflicto revela las dificultades que enfrentan las reformas judiciales cuando no se acompañan de r
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