Jueces federales exigen al gobierno que libere recursos retenidos por derechos laborales tras su salida, en medio de un conflicto que afecta a cientos de jurisdictores. Un grupo de jueces y magistrados federales ha elevado una petición formal para que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum libere de inmediato los fondos destinados a sus indemnizaciones, los cuales desde abril permanecen retenidos sin justificación clara. La reclamación fue presentada en un documento oficial sellado por la Presidencia de la República y entregado a la Secretaría de Hacienda, en el que se señala que al menos 880 servidores de justicia no han recibido ningún pago de sus derechos laborales tras su separación del cargo. La suma retenida podría alcanzar los 2 mil 500 millones de pesos, recursos que según la reforma constitucional deben estar disponibles y ser desembolsados a los beneficiarios. La norma establece claramente que quienes opten por no participar en procesos electorales mantienen intactas sus prestaciones, incluyendo indemnizaciones equivalentes a tres meses de salario más veinte días por cada año de servicio, financiadass con fondos que ya estaban transferidos desde abril a la Tesorería Federal. Sin embargo, estos derechos aún no se han materializado, en un contexto donde los afectados han sido excluidos de sus funciones y no pueden ejercer legalmente su profesión durante dos años. La situación revela una discrepancia entre las disposiciones legales y la gestión de recursos, afectando a una parte importante del sistema judicial que busca una solución pronta y efectiva. Además, expertos analizan que esta demora en el pago refleja posibles fallas en la gestión presupuestaria y una vulnerabilidad en la protección de derechos laborales de los servidores del Poder Judicial, lo cual podría tener repercusiones en la confianza institucional y en la protección de los derechos de los funcionarios públicos en procesos de transición política y administrativa.
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