La legislación propone aumentar penas y fortalecer las unidades especializadas, pero enfrenta críticas por la falta de recursos para su implementación. En una sesión unánime, las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado de México dieron el paso final para la discusión de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el delito de extorsión, tras aprobar su texto con 33 votos a favor. La legislación contempla elevar las penas mínimas de seis a quince años y las máximas de 15 a 25 años de prisión, además de introducir reformas que buscan garantizar una mayor efectividad en la persecución de este delito. La iniciativa, que fue ajustada en al menos 15 artículos por los senadores, busca fortalecer las capacidades de las fiscalías en la atención a víctimas y en la captura de delincuentes. Entre las medidas propuestas, se contempla que las unidades especializadas en delitos de extorsión y secuestro colaboren en la atención de estos casos, incluso mientras se crean órganos específicos para combatir este ilícito. Además, se plantean sanciones de 10 a 20 años para servidores públicos que incumplen su obligación de denunciar delitos de extorsión, con la intención de reducir la impunidad. Sin embargo, la aprobación no estuvo exenta de críticas. La oposición advierte que, sin la asignación de recursos adecuados, la ley podría quedar en papel, sin lograr su objetivo real. La principal preocupación es la falta de presupuesto para fortalecer a las instituciones responsables, como policías y fiscalías, que necesitan recursos suficientes para aplicar las reformas efectivamente y proteger a las víctimas. Esta problemática refleja un desafío recurrente en el combate a la delincuencia en México, donde la ausencia de inversión limita las capacidades institucionales para hacer frente a delitos complejos como la extorsión. El debate continúa en la etapa del pleno, donde se determinará si la ley se aprueba en sus términos finales y se implementa con los recurso
Sábado, 9 de mayo de 2026
