El estancamiento legislativo deja a miles sin protección en medio de la violencia. En Michoacán, la crisis de desplazamiento forzado sigue sin solución. A pesar del aumento en la violencia del crimen organizado, el Congreso mantiene congeladas iniciativas clave que buscan proteger a los afectados. La ausencia de una Ley Estatal Integral deja a miles en un limbo legal, sin acceso a recursos necesarios para su subsistencia. Desde 2019, varias propuestas han sido presentadas, pero ninguna ha avanzado. La iniciativa más completa fue en 2022, sin embargo, aún necesita ser aprobada. La inacción legislativa contrasta con la creciente urgencia de organizaciones civiles que demandan un marco legal efectivo para atender a las víctimas de este fenómeno en aumento.
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