El caso de Irma Hernández revela las desigualdades y la doble moral frente a los crímenes contra las mujeres en el país La muerte de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista en Veracruz, no puede considerarse como un hecho aislado ni como una simple tragedia atribuible al crimen organizado. Irma fue secuestrada después de negarse a pagar “derecho de piso” al cártel que opera en la región. Bajo amenazas, fue obligada a grabar un video, sirviendo como ejemplo de castigo para quienes se atrevan a no colaborar con la delincuencia. Días después, su cuerpo fue hallado sin vida. Para las autoridades, la causa fue un infarto, pero para la sociedad, se trató de un feminicidio y tortura. Para el crimen, fue un mensaje intimidatorio. La gobernadora Rocío Nahle, en lugar de abordar con seriedad el impacto social de este crimen, optó por refugiarse en un tecnicismo médico al declarar que Irma murió por causas naturales. Aunque las autoridades forenses especificaron que el infarto fue provocado por un “estrés extremo derivado de la violencia”, la narrativa oficial persistió en desligar a los verdaderos responsables: los criminales que la levantaron, la amenazaron y la obligaron a convertirse en portavoz forzada del terror. La violencia de género no se limita solo a lo sexual o doméstico. También se manifiesta cuando el cuerpo de una mujer es utilizado como botín, escudo o mensaje dentro de una lógica criminal. Se considera violencia de género cuando una mujer pobre, que trabaja en doble jornada para sobrevivir, es dejada a su suerte por un Estado que no le brinda seguridad ni justicia. Es violencia también cuando se le culpa, se le invisibiliza o se le reduce a una estadística más en las cifras oficiales. Aún más grave resulta la doble moral institucional. Cuando una política de alto perfil es señalada, con pruebas o sin ellas, por presuntos actos de corrupción, el aparato del Estado reacciona rápidamente: se persigue a quienes la critican, se filtran denuncias y se grita
Miércoles, 13 de mayo de 2026
