Activistas del Sindicato de Inquilinas de Madrid han ocupado la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social para exigir que las 800 viviendas bajo su gestión sean convertidas en propiedad pública. Denuncian que la Tesorería subasta viviendas y despide a las inquilinas.
Esta acción se lleva a cabo a solo dos días de una manifestación masiva a favor del derecho a la vivienda. Las inquilinas demandan el cese de todos los desahucios, la paralización de subastas y que una parte de los inmuebles se ceda a organizaciones y cooperativas que promuevan el acceso a la vivienda.
Alicia del Río, portavoz del Sindicato, subrayó la gravedad de la situación, destacando que muchas vecinas reciben órdenes de desalojo. Aseguró que es inaceptable que el Gobierno actúe como fondos de inversión despojando a las familias de sus hogares, mientras afirman construir más viviendas.
Las inquilinas hacen hincapié en que las 800 viviendas fueron inicialmente parte de un programa del gobierno que facilitaba el acceso a la vivienda para jóvenes. Desde su absorción por la Tesorería, los alquileres han aumentado un 30%, y ahora el Estado busca vender estos inmuebles a precios muy elevados sin ofrecer soluciones adecuadas a quienes llevan años en sus hogares.
Finalmente, enfatizan la contradicción que presentan las políticas del Gobierno, que habla sobre el fortalecimiento del parque público de vivienda, mientras la Tesorería expulsa a familias y pone a la venta bienes públicos. Las activistas aseguran que permanecerán en la sede hasta llegar a un acuerdo con las autoridades.
Con información de eldiario.es