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Presentan en México acuerdo nacional para combatir la extorsión

El gobierno mexicano presenta un acuerdo integral para combatir la extorsión, fortaleciendo la ley, la coordinación y la denuncia efectiva en todo el país.

Por Redacción1 min de lectura
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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana lidera un plan integral con acciones legislativas y operativas para reducir este delito en todo el país. En una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la implementación de un nuevo acuerdo dirigido a fortalecer la lucha contra la extorsión. Este compromiso busca alinearse con las necesidades de la población y de los sectores productivos, que consideran este delito una de las principales amenazas a su bienestar y desarrollo económico. El plan se basa en cuatro pilares estratégicos: la armonización de las leyes entre los estados para que la extorsión sea perseguida de oficio; la creación y fortalecimiento de unidades especializadas en fiscalías; mejorar la operación del centro de atención telefónica 089, y la elaboración de un manual nacional para unificar los procedimientos de denuncia, investigación y persecución del delito. Estas acciones pretenden brindar mayor seguridad a las víctimas y garantizar una respuesta homogénea en todo el territorio nacional. El contexto de estos esfuerzos resulta particularmente relevante en un escenario donde la seguridad pública sigue siendo una prioridad. En los primeros 14 meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las autoridades mexicanas reportan avances destacados en la captura de criminales, el decomiso de armas y drogas, así como una significativa reducción del 37% en el promedio diario de homicidios dolosos. La coordinación interinstitucional ha sido fundamental para estos logros, en un país que enfrenta desafíos persistentes en materia de violencia y delincuencia, y donde fortalecer las políticas de justicia y protección resulta clave para mantener la estabilidad social. Este acuerdo representa un paso estratégico para enfrentar uno de los delitos que más impacta a la población y que en muchos casos, mantiene en riesgo la inversión y el crecimiento económico

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