La propuesta de la ley busca ordenar el uso del agua en México, pero campesinos y organizaciones agrícolas consideran que podría limitar los derechos de los productores y promover prácticas punitivas. En abril de 2023, el Gobierno Federal presentó una propuesta integral para reformar la Ley General de Aguas y fortalecer el control estatal sobre los recursos hídricos en México. La iniciativa busca garantizar el derecho humano al agua, frenar el mercado negro de concesiones y regular el uso en procesos productivos, destacando la importancia de que el Estado tenga un control más riguroso sobre las concesiones para evitar abusos y prácticas ilegales. Además, se propone dejar atrás la transmisión de derechos de agua entre particulares, estableciendo permisos temporales que buscan simplificar y regularizar el acceso al recurso. Este proyecto ha generado resistencia en el sector agrícola, donde algunos líderes consideran que las reformas son regresivas y pueden reducir las garantías obtenidas por los agricultores en cuanto al uso del agua en sus tierras. Argumentan que la prohibición de transferencias y la limitación de derechos puede afectar el valor de sus propiedades y complicar la continuidad de sus actividades agrícolas. Organizaciones como el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano han expresado su preocupación por que la propuesta podría criminalizar a los productores y limitar su acceso a un recurso vital, además de sugerir que se requiere una ley que apoye el crecimiento económico y la gestión sustentable del agua. La discusión en el Congreso continúa, y líderes del sector agrícola trabajan en conjunto con legisladores para modificar el texto y evitar medidas que puedan perjudicar a los agricultores. En recientes reuniones, han acordado eliminar disposiciones que prohíben la transmisión de concesiones y facilitar la herencia de derechos, buscando así garantizar mayor seguridad y continuidad para quienes dependen del agua para su trabajo. La decisión de
Miércoles, 13 de mayo de 2026
