La propuesta de la administración federal busca ordenar el uso del agua, pero campesinos consideran que limita sus derechos y favorece mercados negros El impulso de una nueva Ley General de Aguas en México ha generado rechazo por parte de diversos sectores agrícolas, quienes sostienen que las reformas propuestas restringen derechos históricos y fomentan prácticas vulnerables. La iniciativa, que busca garantizar el acceso al agua y ordenar su uso en actividades productivas, propone eliminar la transmisión de concesiones entre particulares y modificar la duración de permisos, pasando de 20 a solo un año en algunos casos. Estas modificaciones, según los agricultores, podrían reducir el valor de sus tierras y limitar su estabilidad jurídica. Analistas consideran que el cambio responde a intentos de regular un mercado que ha sido afectado por prácticas ilícitas, como la venta ilegal de derechos de agua, conocido como mercado negro. La propuesta incluye además un control más estricto del Estado sobre las concesiones y sanciones más severas para quienes incumplen las normativas. Sin embargo, representantes del campo agrícola advierten que estas medidas podrían criminalizar a los productores y dificultar la sustentabilidad de las actividades agrícolas en zonas rurales. Actualmente, diversas reuniones con legisladores buscan enmendar la ley, en especial en aspectos relacionados con la herencia y transmisión de concesiones, con el fin de mantener mayor certidumbre en el sector. La discusión continúa en el Congreso, mientras los agricultores exigen una ley que priorice el crecimiento, la productividad y el respeto a sus derechos constitucionales.
Miércoles, 13 de mayo de 2026
