Community leaders advierten que cambios legales sin consulta afectan a campesinos y comunidades rurales, priorizando el derecho humano al recurso vital. Al analizar las recientes propuestas para modificar la legislación en materia hídrica, expertos y líderes comunitarios indican que cualquier cambio debe implicar la participación activa de las comunidades que dependen directamente del recurso. La intención es evitar que reformas impulsadas sin consulta previa puedan perjudicar a los campesinos, productores y comunidades indígenas que han visto en el agua un elemento esencial para su subsistencia. La historia de una activista rural ilustra la realidad del campo: a temprana edad, cavó un pozo propio para abastecer a su familia, enfatizando que el acceso al agua es un derecho fundamental y no un privilegio. Estos relatos ponen en evidencia la importancia de políticas transparentes y participativas que consideren las necesidades reales de quienes viven en zonas rurales. Expertos en gestión hídrica advierten que modificaciones legales que endurecen sanciones, incluyendo multas millonarias y penas de prisión por usos domésticos o pozos comunitarios, podrían saturar la capacidad de organismos como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y dejar a comunidades sin respuesta efectiva. La propuesta busca fortalecer el control estatal sobre los recursos, pero sin un proceso democrático, corre el riesgo de limitar derechos y agravar desigualdades sociales. En este contexto, autoridades y actores sociales coinciden en que proteger y garantizar el acceso universal al agua debe ser la prioridad, reforzando el carácter del recurso como un derecho humano fundamental, no como una mercancía. La participación ciudadana y el respeto por las comunidades rurales son considerados clave para una reforma hídrica justa y efectiva.
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