Autoridades locales y figuras políticas enfrentan investigaciones que involucran a marinos y contrabando de combustible en puertos clave. En Tamaulipas, las investigaciones en torno al contrabando de combustible, conocido como huachicol, han generado preocupación en los niveles políticos y administrativos de la región. La Fiscalía General de la República ha indagado un caso que involucra a funcionarios y exfuncionarios relacionados con el control portuario y aduanero, en especial en los puertos de Altamira y Tampico, donde se incautaron en marzo pasado importantes cantidades de combustible con documentación falsificada. La vinculación de marinos activos, exfuncionarios aduanales y empresarios en estas operaciones revela un entramado de corrupción que se remonta a gestiones anteriores al mandato actual. Dentro del escalofriante listado de casos relacionados, destacan los asesinatos del delegado de la FGR en Tamaulipas, ocurrida en un ataque con granada, y del contralmirante Fernando Rubén Guerrero, quien había denunciado irregularidades en las aduanas portuarias. La muerte del capitán Omar del Ángel, en un accidente, también forma parte de esta cadena de sucesos que apuntan a una red criminal organizada que involucra a miembros de las fuerzas armadas en operación ilícita. Además, la investigación revela conexiones con figuras prominentes de la política tamaulipeca, incluyendo a la alcaldesa de Tampico y al alcalde de Altamira, ambos con presuntos vínculos en el entramado, lo que ha provocado un ambiente de tensión y vigilancia entre los actores políticos locales. El caso también trae a la luz a personajes como Sergio Carmona Angulo y Roberto Blanco Cantú, considerados pilares en el negocio ilícito de venta de combustible y transporte marítimo ilegal, cuya influencia todavía prevalece en la región. La situación ha incrementado la percepción de un entorno cada vez más cercado por las autoridades, con medidas como la retirada de visas a significados personajes de la pol
Sábado, 9 de mayo de 2026
