La alta presencia y consumo de productos ultraprocesados representan una amenaza creciente para la salud pública mundial, requiere acciones políticas urgentes. El consumo de alimentos ultraprocesados (UPF) ha aumentado de manera acelerada en varias regiones del mundo, representando hoy en día cerca de la mitad de la ingesta alimentaria en muchos hogares. Estos productos, caracterizados por contener aditivos que mejoran su apariencia y sabor, están desplazando opciones más saludables y contribuyen al incremento de enfermedades crónicas como diabetes tipo 2, afecciones cardiovasculares y problemas de salud mental. Países como México, Brasil y Argentina han evidenciado un crecimiento significativo en su consumo en las últimas décadas, con aumentos que oscilan entre el 10% y el 30% en ciertos períodos. Expertos advierten que esta tendencia no solo se debe a factores individuales, sino a un sistema alimentario dominado por grandes corporaciones transnacionales que producen a gran escala productos económicos, hiperpalatables y con alta densidad energética. La proliferación de estos alimentos responde a estrategias de marketing sofisticadas y a un marco regulatorio insuficiente, que prioriza las ganancias por encima de la salud pública. Diversos estudios han confirmado la relación entre el alto consumo de UPF y un mayor riesgo de padecer no solo enfermedades físicas, sino también trastornos mentales. La recomendación más efectiva para combatir esta crisis no radica únicamente en reformular los alimentos, sino en implementar políticas integrales que regulen su producción, publicidad y comercialización, especialmente en entornos donde la población infantil y vulnerable está más expuesta. Para ello, se considera indispensable la inclusión de etiquetas de advertencia claras, la restricción de publicidad dirigida a los menores y la elevación de impuestos a estos productos. Acciones de este tipo han demostrado ser efectivas en otros países y podrían revertir la tendencia actual,
