El Congreso ratificó la legislación que prioriza el acceso al agua para los habitantes y fortalece derechos de comunidades rurales, generando debate sobre su gestión. El Senado de México dio luz verde a la nueva Ley General de Aguas tras una extensa sesión en la que se discutieron las implicaciones del marco legal propuesto para la gestión hídrica en el país. La aprobación ocurrió con una votación mayoritaria de 85 votos a favor y 36 en contra, reflejando una división en las posturas sobre el control y distribución del recurso vital. La reforma establece el agua como un derecho humano fundamental, dando prioridad a su uso para consumo doméstico y saneamiento, y busca consolidar un modelo de gestión que proteja a las comunidades, especialmente rurales y agrícolas. Desde hace años, expertos y organizaciones sociales han insistido en la necesidad de garantizar un acceso equitativo al agua, considerando su importancia para la salud, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental. La nueva legislación introduce medidas para otorgar personalidad jurídica y patrimonio a más de 70 mil comités de agua en comunidades rurales, facilitando derechos y transmisión de concesiones, lo que busca fortalecer la economía de subsistencia en esas localidades. El debate en el Senado reveló preocupaciones sobre la concentración del poder en la autoridad reguladora, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y la posible discrecionalidad en la toma de decisiones. Diversos legisladores, desde partidos opositores, alertaron sobre riesgos de favoritismos, arbitrariedad y posibles impactos en la inversión en infraestructura hídrica, además de señalar la falta de estudios económicos y la consulta previa a comunidades originarias. Sin embargo, los defensores resaltaron los beneficios de una gestión más justa, transparente y orientada a garantizar derechos básicos para todos los mexicanos. La ley pasará ahora a la fase de discusión y votación de los artículos reservados, en donde podrán real
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