Aunque diversos incidentes ocurridos a lo largo de las últimas décadas sugieren un patrón de violencia extremada, las autoridades mexicanas no tipifican oficialmente estos hechos como actos terroristas, lo que mantiene discursos políticos y legales en una posición restrictiva. México ha registrado al menos 20 incidentes relacionados con explosiones en automóviles desde 1994, hechos que en muchos casos han buscado generar temor en distintas comunidades, en particular en regiones afectadas por la violencia del crimen organizado. Sin embargo, las autoridades mexicanas continúan clasificando estos eventos dentro del ámbito de delitos vinculados a la delincuencia organizada, evitando su reconocimiento formal como actos terroristas. Este enfoque legal se mantiene a pesar de algunos casos específicos, como la explosión en Michoacán, donde fue reclasificado el delito tras la intervención de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. La clasificación oficial en México sigue apuntando a delitos cibernéticos o relacionados con grupos criminales, dejando fuera la figura del terrorismo, a pesar de que ciertos hechos cumplen con sus características, como el intento de sembrar miedo y desestabilización en la población. La percepción sobre el uso del concepto de terrorismo en el país es dificultosa, evidenciando una resistencia política a admitir su presencia. La reticencia se acentúa en un contexto internacional, donde naciones vecinas y aliadas, como Estados Unidos, han etiquetado a organizaciones mexicanas como terroristas, impactando en las relaciones diplomáticas y en la política interna mexicana. La única referencia oficial a un acto terrorista en el país data de 2008, en un atentado con granadas en Morelia. Expertos en criminología y seguridad advirtieron que, si bien el marco legal mexicano es amplio respecto a la definición de terrorismo, su aplicación práctica resulta limitada. La ambigüedad en los criterios impide actuar con mayor contundencia, dejando numerosas p
Miércoles, 13 de mayo de 2026
