La nueva reforma penal establece sanciones severas para quienes cometan despojos, especialmente en casos que involucren a grupos o víctimas vulnerables, con un enfoque en la protección de derechos y bienes públicos. La Ciudad de México ha implementado una reforma al Código Penal que incrementa las penas aplicables a delitos de despojo de inmuebles, alcanzando hasta 22 años de prisión y sanciones económicas que superan los 500 mil pesos. Esta modificación responde a la necesidad de fortalecer las medidas contra quienes invaden, dificultan o impiden el aprovechamiento legal de propiedades, particularmente en alcaldías con mayor incidencia del delito. Los casos en los que se agrava la condena incluyen circunstancias donde la víctima es una persona mayor, indígena, menor de edad, o embarazada, además de situaciones en las que participan servidores públicos, se suplanta la identidad del propietario, o el delito se comete en grupo. La reforma enfatiza además en la protección a colectivos vulnerables y en penas más severas para quienes involucren a múltiples agresores, buscando reducir la impunidad y reforzar la seguridad jurídica. El incremento de las penas forma parte de una estrategia integral para erradicar prácticas ilícitas relacionadas con invasiones y usurpaciones, poniendo énfasis en garantizar la consecución pacífica de la propiedad y la protección de derechos fundamentales. La tendencia en la legislación busca también sensibilizar a la ciudadanía sobre las sanciones que enfrentan quienes cometen estos delitos, promoviendo una mayor responsabilidad y respeto por la legalidad. Este avance legal refleja un compromiso del gobierno capitalino con la seguridad y justicia, en un contexto donde la denuncia de despojos continúa siendo una prioridad para la protección del patrimonio de los residentes y comunidades vulnerables.
Sábado, 9 de mayo de 2026
