La cifra de agresiones legales contra la prensa en lo que va del año supera registros anteriores, evidenciando un entorno cada vez más hostil para la libertad de expresión. El ejercicio del periodismo político en México enfrenta un entorno cada vez más adverso, marcado por un incremento significativo en el uso de mecanismos legales para silenciar a la prensa. Durante los primeros siete meses de 2025, se registraron al menos 51 casos de acoso judicial contra periodistas y medios, una cifra que supera la de años anteriores y evidencia una tendencia alarmante en la restricción de la libertad de información. La mayor parte de estos procesos se iniciaron a través de vías electorales y civiles, lo que refleja la utilización de distintas instituciones legales para intimidar a quienes ejercen crítica y vigilancia. Este escenario se ve agravado por la creciente utilización de figuras legales como la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, las cuales, aunque nacieron para proteger a las mujeres en la política, en algunos casos han sido manipuladas para hostigar a comunicadores y ejercer censura. Datos de organizaciones independientes muestran que la mitad de los procesos judiciales en el país vinculados a la prensa han tenido origen en este tipo de denuncias. El fenómeno no solo deteriora la seguridad física y económica de los periodistas, sino que también genera autocensura y limita el derecho a la información, principios fundamentales de la democracia mexicana. La estrategia judicial, combinada con amenazas y discursos estigmatizantes por parte de actores políticos, crea un clima donde la libertad de prensa se ve amenazada, poniendo en riesgo el pluralismo mediático y la rendición de cuentas. La atención debemos ponerla en fortalecer el marco legal para que los recursos jurídicos sean instrumentos de protección y no de intimidación, promoviendo así un entorno más justo y democrático. La problemática requiere ser abordada desde el ámbito legislativo, propon
Sábado, 9 de mayo de 2026
