Las máquinas tragamonedas se han transformado en una significativa fuente de ingresos para organizaciones criminales a lo largo de México. Estimaciones de comerciantes sugieren que cada equipo puede generar hasta 3 mil pesos diarios sin consentimiento previo para su instalación en los negocios, lo que ha llevado a que muchos comerciantes se vean obligados a ceder ante la presión.
El despliegue de estas máquinas ha crecido en varias entidades del país, lo que ha motivado a las autoridades estatales y federales a implementar operativos para su confiscación. La Secretaría de Marina (Semar) reporta un incremento notable en las incautaciones, con 309 máquinas confiscadas en 2024 y 1,629 en 2025, representando un aumento del 427%.
Sinaloa, Michoacán y Nayarit son algunos de los estados más afectados, junto con otras entidades como Sonora y Veracruz. Sin embargo, el fenómeno no se limita a estos estados, ya que se registran también confiscaciones en lugares como Zacatecas y Coahuila. Este problema ha sido persistente en el tiempo, pero ha mostrado un aumento preocupante recientemente, evidenciando la grave conexión entre el juego ilegal y la extorsión.
Además del impacto económico, la preocupación radica en la posibilidad de que niños y jóvenes se vean atraídos por la adicción al juego. En un incidente que se volvió viral, miembros de la Guardia Nacional actuaron en un local en Aguascalientes, donde se aprehendieron a personal del lugar mientras se incautaban 400 mil pesos.
Los centros de juego también se han convertido en focos de violencia. En Michoacán, por ejemplo, se reportaron ataques armados en establecimientos de tragamonedas entre 2020 y 2021, con un trágico saldo de muertes, incluyendo menores de edad. La situación se agrava con la constante imposición de estos dispositivos bajo amenazas a los comerciantes, lo que transforma negocios en zonas de alto riesgo.
Con información de eluniversal.com.mx