A pesar de incrementos fiscales próximos, los vendedores afirman que la demanda y las ventas permanecen estables, evidenciando la dificultad para cambiar hábitos arraigados. Desde 2014, México ha implementado gravámenes sobre el azúcar y el tabaco con la finalidad de promover una mejor salud pública, sin embargo, recientes observaciones indican que estos cambios no han reducido significativamente el consumo de refrescos. A partir de 2026, el gobierno planea aplicar un nuevo incremento al impuesto especial, elevando el costo de las bebidas azucaradas y extendiendo la carga a las opciones endulzadas con edulcorantes. Paralelamente, el IEPS sobre el tabaco aumentará progresivamente hasta un 200% en cinco años. No obstante, los comerciantes y consumidores de barrios como Doctores o Obrera describen una realidad diferente. Los tenderos señalan que las ventas de refrescos permanecen altas y que los aumentos de precio solo afectan marginalmente las ganancias, ya que la demanda se mantiene firme. Para muchos usuarios habituales, estos productos constituyen una parte esencial de su rutina diaria, y estarían dispuestos a pagar más por su consumo habitual, pese a los incrementos fiscales próximos. Expertos en salud advierten que las bebidas azucaradas contienen niveles de azúcar que pueden causar daños acumulativos en la salud, incrementando riesgos de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, las prácticas de compra reflejan una resistencia al cambio, impulsada por la percepción de que estas bebidas son una opción rápida y conveniente en el ritmo acelerado de la vida moderna. El patrón observando en las tiendas revela que, aunque los precios suben varias veces al año, la preferencia por estas bebidas sigue vigente, dejando en evidencia un reto importante para las políticas públicas dirigidas a modificar conductas de consumo.
Miércoles, 13 de mayo de 2026
