La regularización de vehículos obsoletos en México genera conflictos entre justicia social y compromisos climáticos, debilitando el sector ambiental y productivo. Desde 2022, México ha implementado un programa de regularización de vehículos antiguos y de procedencia ilícita en la frontera norte, con la intención de brindar estabilidad a las familias que dependen de sus automóviles para trabajar y desplazarse. Sin embargo, esta política ha mostrado una marcada contradicción con los esfuerzos oficiales por reducir las emisiones contaminantes y avanzar hacia una transición ecológica. Actualmente, se estima que más de 2.5 millones de autos han sido regularizados bajo este esquema, muchos con una antigüedad promedio de 15 años y sin tecnologías de control de emisiones. Esto implica que, anualmente, estos vehículos emiten cerca de 4.2 millones de toneladas adicionales de dióxido de carbono, duplicando las cifras de fuentes contaminantes similares en condiciones normales. La realidad del sector automotor en México revela además una brecha entre la creación de vehículos para la exportación y la protección del medio ambiente nacional. Aunque México ocupa un lugar destacado como cuarto exportador mundial de autos, su mercado interno apenas representa un tercio de su producción, en medio de un parque vehicular que promedia los 18 años de antigüedad y que limita la adopción de tecnologías limpias. En contraste, otros países de la región como Chile y Colombia avanzan en la electrificación de sus flotas públicas, con miles de autobuses eléctricos en operación, mientras en México apenas se cuenta con unos 700. La falta de recursos y políticas claras impide una modernización efectiva del transporte público, que sigue siendo mayoritariamente contaminante. A pesar de promesas oficiales para impulsar una transición hacia vehículos eléctricos y transporte sustentable, las políticas actuales parecen favorecer a una élite exportadora que mantiene la producción de autos de alta tecnología
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