La medida, extendida hasta octubre, beneficia solo a grandes exportadores y genera desacuerdos entre productores pequeños y gremios agrícolas. La reciente decisión del gobierno de extender la eliminación temporal de retenciones a los granos hasta el 31 de octubre ha generado una fuerte división en el sector agropecuario. Mientras algunos actores reconocen la medida como necesaria para aliviar la carga fiscal, otros señalan que solo favorece a los grandes exportadores y no contempla las dificultades de pequeños y medianos productores, quienes afrontan deudas y costos inmediatos. La decisión fue tomada sin un diálogo previo con las entidades del campo, lo que profundiza las críticas y la percepción de una medida de carácter electoralista. En el contexto económico nacional, esta acción responde a la urgencia del gobierno por captar divisas para fortalecer las reservas del Banco Central, especialmente en un escenario de incertidumbre cambiaria. La expectativa del sector es que la liquidación de granos, principalmente soja y maíz, alcance los USD 6 mil millones en las próximas semanas, aunque algunos analistas advierten que la medida puede tener efectos limitados si no se implementa de forma permanente y acompañada de políticas estructurales. Los productores anticipan que las decisiones de venta dependerán en parte de las condiciones del mercado en las próximas semanas.
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