Revelaciones indican que una auditoría mal implementada y presiones gubernamentales provocaron la suspensión de miles de beneficios sin detectar irregularidades, en medio de un escándalo que involucra corrupción y posibles coimas. En el contexto de un escándalo que sacude la gestión de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), recientes revelaciones apuntan a un sistema de auditorías diseñado con el objetivo de reducir costos y presuntamente filtrar beneficiarios. La implementación de mecanismos de control, que exigían que miles de discapacitados se desplazaran largas distancias para ratificar su situación, se habría llevado a cabo sin detectar irregularidades reales en las pensiones bajas. Sin embargo, esta estrategia habría sido utilizada para justificar bajas masivas, en medio de acusaciones de coimas en la adquisición de medicamentos y otras irregularidades en la oficina de la ANSeS. El director nacional de apoyos y asignaciones económicas de la entidad, Eduardo Nelio González, confirmó en una asamblea con representantes federales que la baja de 80.000 pensiones respondió a errores en las notificaciones y no a fraudes comprobados. Esta cifra difiere de las declaraciones iniciales oficiales, que señalaban más de 110.000 pensiones suspendidas por supuestas irregularidades. Algunos beneficiarios y funcionarios señalaron que muchas notificaciones no llegaron a sus destinatarios debido a la entrega mediante correos privados o a la distancia de las convocatorias, en ocasiones superiores a los 500 kilómetros. Por su parte, filtraciones y audios revelan que en el proceso también estuvo involucrado un enviado del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien participó en negociaciones con empresas de correo y logística para reducir costos en la notificación de los llamados a auditorías. La situación generó tensión política, motivando la presentación de un proyecto de resolución para que el Ministerio explique los detalles del proceso. La c
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