La sentencia favorecía a empresas como Cargill y Bunge y cuestionaba un decreto presidencial que ampliaba la impunidad en delitos fiscales, generando debate sobre la independencia judicial. La Cámara de Casación de Argentina decidió revertir una sentencia que favorecía a grandes cerealeras en una compleja causa de lavado de dinero y asociación ilícita, vinculada a prácticas ilegales en el mercado de granos. El fallo sitúa en el centro del debate la utilización de un decreto presidencial por parte del secretario de Estado para eximir a ciertos acusados de delitos fiscales, generando cuestionamientos sobre los límites de la autoridad ejecutiva en materia penal y tributaria. La investigación originó en 2008, cuando se identificó que productores vendían granos en negro a empresas ficticias, evadiendo impuestos como el IVA. Posteriormente, esos productos se blanqueaban y exportaban por las principales compañías cerealeras del país. La manipulación permitía recuperar el IVA que nunca había sido abonado al Estado, beneficiando a organizaciones criminales y empresas vinculadas al sector. En un fallo anterior, un tribunal condenó a Luis Cuello a seis años de prisión, pero aquella decisión fue revertida tras la aplicación del marco legal derivado del decreto de Milei, que buscaba promover medidas fiscales paliativas. Sin embargo, la sentencia ahora fue declarada nula, y se ordenó la integración de un nuevo tribunal para determinar una nueva resolución, instaurando un precedente importante en materia de límites constitucionales del poder ejecutivo. El camarista Alejandro Slokar afirmó que la utilización del decreto 608/24 – y en particular la inclusión del delito de asociación ilícita fiscal dentro de las figuras que podrían ser extinguidas por la vía legal– vulnera la autoridad del Congreso y el orden democrático. Según su análisis, estas acciones desvirtúan el propósito del sistema tributario, que es recaudar fondos para el Estado sin beneficiar estructuras delictivas, y ade
Sábado, 9 de mayo de 2026
