La creación de la CNA y la CRT marca un cambio en el modelo regulatorio, con implicaciones para la inversión y la revisión del T-MEC en 2026. En un giro significativo en el marco regulatorio nacional, México ahora cuenta con la Comisión Nacional de Autorregulación (CNA) y la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones (CRT), instituciones que sustituyen a los organismos autónomos tradicionales como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Esta reorganización significa que dichas entidades pasan a estar bajo un mayor control del gobierno federal, lo cual ha generado inquietudes sobre su posible impacto en la inversión extranjera y en las futuras negociaciones comerciales, especialmente en lo referente al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La tendencia a la subordinación de los nuevos reguladores aumenta la percepción de vulnerabilidad en el ámbito empresarial, al considerarse que las decisiones regulatorias podrían responder a intereses políticos en lugar de criterios técnicos. Aunque jurídicamente no contravienen los capítulos 18 y 21 del T-MEC, su posible inclinación hacia favorecer a actores estatales, como la Comisión Federal de Electricidad, ha sido motivo de análisis. La gestión pública en servicios clave, como el internet y la distribución de tarjetas SIM, genera debates sobre el respeto a principios de competencia y no discriminación establecidos en tratados internacionales, poniendo en duda la compatibilidad de las nuevas instituciones con los compromisos adquiridos en materia de libre mercado. El proceso de ratificación por parte del Senado mostró un perfil técnico mayoritario en la designación de los plenos, aunque persistieron dudas respecto a su autonomía. La mayoría de los consejeros en la CNA y la CRT cuenta con experiencia en regulación y antecedentes en entidades públicas relevantes, lo que fortalece la idea de un perfil técnico, aunque algunos perfiles cercanos
Miércoles, 13 de mayo de 2026
