La presencia de alianzas ilícitas y la falta de acciones firmes mantienen al país en niveles críticos de violencia y impiden avances en seguridad. La situación de inseguridad en México refleja un grave entramado de complicidad entre sectores del gobierno y organizaciones delictivas, lo que ha facilitado la proliferación de violaciones a la ley. Durante años, las políticas públicas centradas en la represión militarizada de drogas demostraron su ineficacia, generando un incremento en delitos como homicidio, secuestro y extorsión. Un cambio relevante ocurrió en 2018, cuando se evidenció un pacto entre las autoridades y las bandas criminales, permitiendo que estas operen con libertad a cambio de apoyo político y electoral. Este acuerdo ha sido claramente visible en las elecciones, donde la delincuencia ha presionado para favorecer ciertos resultados, y las fuerzas del Estado han adoptado una postura pasiva, dejando que grupos ilícitos controlen amplias regiones del territorio. La colusión se extiende además a actividades como las aduanas y el huachicol fiscal, donde autoridades y delincuentes comparten responsabilidades y beneficios, poniendo en riesgo la economía y la seguridad nacional. La inacción gubernamental, además de facilitar la expansión criminal, ha derivado en una crisis de confianza que afecta a todos los sectores sociales y empresariales. La comunidad internacional y Estados Unidos exigen acciones concretas, pero la casi nula voluntad de romper estos pactos impide avances efectivos en la lucha contra la delincuencia organizada. La persistente colusión limita las posibilidades de restaurar el estado de derecho y pone en peligro la estabilidad del país a largo plazo.
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