Conoce los aspectos esenciales para otorgar un poder legal, las facultades necesarias y las obligaciones entre mandantes y mandatarios. El contrato de mandato es un mecanismo jurídico que permite a una persona (el mandante) facultar a otra (el mandatario) para que actúe en su nombre en diversos asuntos, desde transacciones comerciales hasta procesos legales. La validez de este acuerdo requiere, en primer lugar, la emisión de un poder que se acepta formalmente, estableciendo una relación unilateral que perfecciona el mandato. La elección de las facultades a otorgar dependerá del objetivo del mandato. Por ejemplo, para ventas de bienes, se requerirá autorización de dominio; para administrar propiedades o arrendar, facultades de gestión o administración; y en caso de iniciar procesos legales, pleading y cobros. La ley permite también conferir poderes específicos en lugar de generales, lo que limita el alcance de la intervención del mandatario y concreta las acciones a realizar. Es fundamental que las partes cumplan con el compromiso de actuar de manera responsable: el mandatario debe actuar personalmente, informar al mandante sobre los avances y rendir cuentas de sus gestiones. Por su parte, el mandante está obligado a remunerar los servicios recibidos y reembolsar gastos, además de resarcir daños ocasionados por la actuación del mandatario. Para formalizar el mandato, especialmente cuando es general o involucra cantidades elevadas, se requiere su constancia en escritura pública y, en ciertos casos, ante notario. La posibilidad de revoquar el mandato está vigente para el mandante, salvo en aquellos poderes irrevocables que pacten expresamente su permanencia. La asesoría de un notario resulta clave para delimitar la validez y límites del acuerdo. Por qué es importante entender estos mecanismos radica en que la correcta gestión y formalización del mandato evita riesgos legales y facilita la protección de los intereses de ambas partes en cualquier transacción o gestión ju
Miércoles, 13 de mayo de 2026
