La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, hizo pública su citación por parte de la Fiscalía General de la República relacionada con el caso de los agentes estadounidenses abatidos en la Sierra Tarahumara. Su reacción, cuestionando la falta de citaciones similares para otros funcionarios, generó un inmediato revuelo en redes sociales.
Poco después, se conoció que Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, también había sido citado por la FGR, junto con otros funcionarios del estado. Esta decisión sorprende por su sincronía, lo que ha llevado a cuestionar la genuina independencia de la Fiscalía en este proceso.
La Secretaría de Gobernación optó por aclarar la situación, apuntando que todos los citados acudirían como testigos, restando a las citaciones cualquier tintes políticos. Este tipo de contexto parece un intento de mantener la narrativa de imparcialidad del gobierno, incluso cuando las circunstancias sugieren lo contrario.
La reacción en la opinión pública es crítica, ya que perciben el movimiento como un intento de balancear la narrativa oficial a raíz de las críticas. Lo que se presenta como autonomía parece ser, más bien, una respuesta a los intereses políticos del momento y una falta de confianza en la imparcialidad de las acciones judiciales.
Las relaciones entre el gobierno y las instituciones han sembrado dudas sobre su credibilidad. A medida que avanza la situación, surgen interrogantes sobre la dirección de las investigaciones y si realmente se aplicará un trato justo en el proceso. La historia reciente sugiere que las decisiones de la Fiscalía pueden estar más influenciadas por factores externos que por principios legales sólidos.
Con información de municipiospuebla.mx