Análisis sobre la influencia política en la futura resolución de la Suprema Corte respecto a la prisión preventiva oficiosa La discusión en torno a la próxima actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación con la prisión preventiva oficiosa se ha intensificado en los últimos meses. La nueva SCJN, que iniciará sus actividades en septiembre, enfrenta una situación compleja marcada por profundas contradicciones en la alineación política y los intereses del gobierno federal. El discurso oficial de la corte y de la coalición morenista ha sido presentar a los ministros como garantes de una justicia más cercana a la gente y de la construcción de un México más equitativo, especialmente para las poblaciones más vulnerables. Sin embargo, en los hechos, la misma coalición ha promovido medidas que parecen contradecir estos principios. Uno de los ejemplos más notorios es el incremento en la utilización de la prisión preventiva oficiosa, una política impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue el principal promotor de la reforma judicial que amplió el catálogo de delitos que justifican la prisión preventiva automática. Desde entonces, los diputados y senadores de Morena votaron con entusiasmo a favor de estas modificaciones, que han llevado a que más de 85 mil personas permanezcan en prisión sin sentencia definitiva. Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no ha dado marcha atrás en esta estrategia. Al contrario, ha dado pasos en la misma dirección, junto con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, promoviendo un viraje en la política de seguridad que apuesta por una mayor mano dura contra el delito. Este cambio se ha acompañado de una serie de reformas que amplían las facultades del Estado mexicano para perseguir delitos y fortalecer su aparato punitivo. Aunque esta estrategia puede tener ventajas, no se puede ignorar que el punitivismo es uno de sus rasgos distintivos. Ad
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