El costo de la corrupción en México alcanzó casi 25 mil millones de pesos en 2023, lo que representa un incremento del 15% en comparación con el año anterior. Esto equivale a aproximadamente 5,432 pesos por cada ciudadano, marcando el nivel más alto desde 2015 y retrocediendo en la tendencia a la baja que se había observado desde 2017.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) revela que la percepción de corrupción entre los mexicanos aumentó del 83% al 84% en el periodo entre 2023 y 2025. San Luis Potosí se posicionó favorablemente en la evaluación, ocupando el noveno lugar con un 79% de percepción positiva. En contraste, Querétaro registró el porcentaje más bajo, con solo un 67%.
Sebastián Corona, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), ha señalado que las instituciones con mayor percepción de corrupción son la policía y los partidos políticos, seguidas por Ministerios Públicos y Fiscalías Estatales. La corrupción se siente incluso en el ámbito personal, donde familiares y compañeros de trabajo pueden influir negativamente, a menudo impulsados por necesidades económicas.
Según el informe, cerca del 16% de la población que necesita realizar trámites gubernamentales ha estado involucrada, ya sea obligadamente o de forma voluntaria, en actos de corrupción. Este desafío requiere de un enfoque renovado para su eliminación.
Para combatir la corrupción, se propone la digitalización de los trámites gubernamentales. Esta estrategia busca reducir la interacción directa entre ciudadanos y funcionarios públicos, lo que podría limitar las oportunidades de corrupción. Además, se plantea simplificar los trámites empresariales, los cuales, por su complejidad, a menudo propician prácticas corruptas que incrementan significativamente los costos.
Con información de globalmedia.mx