La infiltración del crimen organizado en las instituciones portuarias continúa, evidenciando que la militarización no ha erradicado las redes ilegales en el país. La lucha contra la corrupción en los puertos y aduanas mexicanas sigue enfrentando desafíos significativos, pese a la transferencia del control a las fuerzas armadas en 2020. A pesar de las intenciones oficiales de blindar estos espacios frente a las influencias del crimen organizado, recientes investigaciones han demostrado que esta problemática permanece arraigada, incluso en mandos militares. La existencia de una red de tráfico ilegal de combustible, conocida como huachicol fiscal, involucró a altos mandos navales, incluyendo al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, lo que pone en entredicho la eficacia de las estrategias de militarización para erradicar la corrupción. En un contexto más amplio, la historia de estos casos refuerza la idea de que la presencia militar no garantiza la eliminación de prácticas corruptas. Desde el anuncio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador en 2020, se prometió una política de cero corrupción en los puertos, pero los hechos han mostrado que las redes criminales continúan operando con relativa impunidad, involucrando incluso a funcionarios en activo. La presencia de organizaciones criminales en estos enclaves, considerados puntos estratégicos para el ingreso de drogas y combustible ilícito, refleja la gravedad del problema y la necesidad de un enfoque integral que vaya más allá de la militarización. Recientemente, se reportó la muerte de dos oficiales navales relacionados con estas investigaciones: un contralmirante asesinado en Colima en noviembre de 2024 y un capitán que presuntamente formó parte de la red, quien fue hallado sin vida en Altamira. Las autoridades apuntan a que estas muertes están vinculadas a las denuncias de corrupción y las operaciones clandestinas en puertos, en medio de una investigación que todavía continúa. La persistencia del crimen en
Miércoles, 13 de mayo de 2026
