Investigaciones revelan irregularidades en la reconstrucción, con acusaciones contra exfuncionarios y asignaciones presupuestales poco claras en alcaldías. El terremoto ocurrido en 2017 dejó múltiples daños en la Ciudad de México, pero también destapó una serie de irregularidades en los procesos de reconstrucción. Tras el sismo, en 2018, diversas alcaldías recibieron recursos públicos que, en algunos casos, fueron utilizados para fines distintos a los originalmente previstos, evidenciando posibles actos de corrupción. Por ejemplo, la alcaldía Benito Juárez asignó 150 millones de pesos en conceptos que incluían poda y mantenimiento de áreas verdes, mientras que Coyoacán destinó 159 millones para la compra de tablets y uniformes escolares, y Álvaro Obregón utilizó fondos en insumos y medicinas, en ámbitos poco relacionados con la reconstrucción. Es importante contextualizar que durante ese período, personajes con responsabilidades en la gestión de recursos, como Edgar Tungüí, excomisionado para la reconstrucción, enfrentó procesos legales por autorizar contratos con empresas vinculadas a su familia y por la entrega irregular de fondos a afectados. Asimismo, figuras como Raymundo Collins y Felipe Gutiérrez Gutiérrez están señaladas por hacer uso indebido de recursos y modificar usos de suelo que favorecían construcciones particulares en zonas afectadas. Solo Tungüí fue encarcelado y posteriormente liberado, mientras que Collins continúa en búsqueda internacional. Estas investigaciones evidencian que aún permanecen pendientes acciones para esclarecer el destino de los recursos públicos en esa etapa crucial de reconstrucción en la capital. Este caso resalta la necesidad de fortalecer los controles administrativos en procesos de recuperación ante desastres, y muestra cómo la gestión irregular puede entorpecer la recuperación y la confianza ciudadana en las instituciones de la Ciudad de México.
Miércoles, 13 de mayo de 2026
