La Suprema Corte resolverá aspectos clave del artículo 168 del Código Penal y la facultad de Hacienda para presentar querellas en delitos fiscales, buscando ampliar certidumbre jurídica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abordará en próximas sesiones temas de alta relevancia constitucional en materia penal y fiscal. Entre los asuntos destacados está la definición de criterios claros para la aplicación de la prisión preventiva justificada, un mecanismo cautelar que busca equilibrar la persecución de delitos con la protección de derechos fundamentales. La resolución analizará el alcance del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el fin de determinar cuándo la prisión preventiva es procedente, fortaleciendo la seguridad jurídica y el debido proceso. Asimismo, la Corte revisará los límites de la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para presentar querellas en casos de delitos fiscales. La evaluación se centrará en si la autoridad puede solicitar investigaciones cuando la información proviene de informes técnicos contables emitidos por entidades distintas del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Con esta decisión, se busca establecer parámetros precisos sobre los requisitos y plazos, aportando mayor claridad y confianza en los procesos de justicia fiscal y evitando interpretaciones ambiguas que puedan afectar tanto a contribuyentes como a las instituciones fiscalizadoras. El análisis de ambos temas refleja el compromiso del máximo tribunal mexicano con fortalecer las bases del Estado de Derecho, garantizando procedimientos justos y transparentes en dos áreas fundamentales para la estabilidad social y económica del país. La resolución de estos criterios constitucionales tendrá un impacto directo en la manera en que se aplican y defienden las leyes en delitos relacionados con el orden público y las obligaciones fiscales.
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