La unanimidad en la Corte no logró revertir cambios legales que recortan fondos destinados a la reparación del daño, afectando a las víctimas de delitos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conservó en vigor una reforma legislativa que limita la asignación presupuestal para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, afectando la protección de derechos de las víctimas. A pesar de una reciente resolución que calificó la modificación como regresiva, la votación en el Pleno no alcanzó la mayoría calificada necesaria para emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad. Esta situación deja en incertidumbre el destino del fondo, que ahora depende de recursos derivados de enajenaciones de bienes decomisados en procesos judiciales, en lugar de contar con un porcentaje mínimo garantizado en el Presupuesto de Egresos. La reforma, aprobada en 2020, modificó la base de financiamiento del fondo, disminuyendo su protección constitucional y poniendo en riesgo la reparación integral del daño en casos de violaciones graves a derechos humanos. La decisión refleja un debate sobre la protección de derechos de las víctimas frente a la gestión de recursos públicos en un contexto de prioridades presupuestales y recursos limitados.
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