La Corte Suprema no aprobó la recuperación del fondo que financia atención y reparación a víctimas, tras un debate sobre su manejo y presupuestación. La Suprema Corte de Justicia de México rechazó la reinstalación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, un mecanismo que financiaba programas de apoyo y reparaciones a víctimas de delitos. La decisión se tomó tras una votación en la que cinco ministros estuvieron a favor y cuatro en contra, en un contexto donde la discusión giró en torno a la legalidad y eficiencia del fondo, que fue eliminado por legisladores en 2020. Este fondo fue diseñado para administrar recursos destinados a asistir gratuitamente a personas afectadas por hechos delictivos y violaciones a derechos humanos. Sin embargo, críticos señalaron que su gestión era subjetiva y que carecía de mecanismos claros para asignar fondos, por lo que su reinstalación plantea dudas sobre su control y uso transparente. La reformas legales recientes buscan establecer un sistema progresivo que garantice un aumento anual en recursos destinados a las víctimas, además de definir un monto específico para su atención. Los ministros debatieron también si las reformas a la Ley General de Víctimas garantizan una asignación presupuestal adecuada y si corresponden con los principios de progresividad en derechos humanos. Mientras algunos argumentaron que la reforma no revive directamente el fondo, otros defendieron que establece los parámetros para un manejo transparente y eficiente de recursos para víctimas, evitando fideicomisos que no cuentan con respaldo suficiente. Este fallo reafirma la tendencia de la justicia mexicana a buscar un equilibrio entre la protección a las víctimas y la responsabilidad en el manejo de recursos públicos. La decisión se enmarca en el contexto de un Sistema de Justicia que busca fortalecer la protección de derechos y asegurar la correcta gestión de fondos destinados a la reparación del daño.
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