La decisión, con prevalencia mayoritaria, modifica criterios sobre la nulidad en procesos finalizados y genera debate sobre su impacto legal y fiscal. El 26 de noviembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó un fallo que autoriza la reapertura de juicios que ya han culminado, incluso en casos en los que se aleguen fraudes o irregularidades. La resolución, adoptada por una votación de cinco a cuatro, contraviene criterios anteriores que sostenían que la ley procesal no permitía reactivar procedimientos concluidos, poniendo en duda la estabilidad jurídica de muchas resoluciones. Este cambio tiene una importante repercusión en distintas áreas del derecho, incluyendo el ámbito fiscal, donde los procedimientos de nulidad son fundamentales para impugnar créditos y resoluciones administrativas. La nueva tendencia abre la posibilidad de que la autoridad fiscal pueda solicitar la reapertura de juicios que, en teoría, ya estaban firmes, afectando principios de certeza y seguridad jurídica. La legislación actual en materia fiscal no contempla mecanismos para volver a abrir procesos concluidos, lo que genera inquietud sobre posibles abusos o reexamen de fallos en perjuicio de los contribuyentes. Históricamente, la jurisprudencia ha defendido la inviolabilidad de los fallos firmes para garantizar la legalidad y confianza en el sistema judicial. Sin embargo, esta reciente decisión de la SCJN redefine la interpretación del principio de cosa juzgada, permitiendo una mayor flexibilidad en casos donde se alegue fraude o malas prácticas. La discusión ahora es si estos criterios se extenderán a otras ramas del derecho y bajo qué condiciones, pues todavía no están claros los procedimientos que regirán en el futuro y si la decisión será vinculante en todos los ámbitos jurídicos. A pesar de ello, la ministra Loretta Ortiz Ahlf deberá redactar un nuevo proyecto de resolución que refleje el sentido mayoritario del pleno. Hasta ahora, la jurisprudencia existente po
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