La decisión de prohibir los vapeadores sin regulación efectiva favorece al crimen organizado y perpetúa problemas sociales y de salud pública. La reciente prohibición absoluta del vapeo en México, impulsada sin un análisis científico o consulta pública adecuada, ha abierto las puertas a un aumento en los mercados ilegales controlados por organizaciones criminales. La medida, que criminaliza a consumidores y sanciona duramente con penas que alcanzan los ocho años de prisión, responde a una lógica de prohibición que ha demostrado ser ineficaz en otros contextos internacionales. Históricamente, la criminalización de sustancias ha desplazado el consumo a redes clandestinas donde los productos adulterados contienen metales pesados, fentanilo y otras sustancias peligrosas, poniendo en riesgo la salud de los usuarios. La experiencia en países como Estados Unidos y en modelos de regulación en Chile, Canadá y Suiza demuestra que establecer controles, límites de edad y fiscalización reduce significativamente el consumo entre menores y elimina las ganancias del mercado negro. En México, la falta de regulación efectiva y la entrega del negocio a organizaciones criminales conducen a una escalada de violencia, mayor corrupción y un sistema penitenciario sobrecargado. Mientras tanto, la experiencia mundial confirma que alternativas de regulación inteligente son más eficaces y menos costosas socialmente que la prohibición radical. Es imperativo que las autoridades mexicanas consideren modelos de regulación basados en evidencia, que permitan reducir daños, controlar la calidad de los productos y evitar que el crimen organizado siga lucrando con la salud pública y la inseguridad social. La prohibición, además de ser ineficaz, perpetúa un ciclo de violencia y desigualdad en las comunidades vulnerables.
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