La falta de inversión y planificación en infraestructura y protección ante desastres agrava los riesgos en el país, poniendo en peligro vidas y bienes. México enfrenta una creciente serie de riesgos que amenazan la seguridad de sus habitantes, en un contexto donde las prioridades gubernamentales han cambiado hacia la búsqueda de estabilidad política a corto plazo. La inversión pública en infraestructura esencial, como redes de agua, drenaje, presas y servicios de salud, se encuentra en niveles históricos mínimos, debilitando la capacidad del país para prevenir y responder a amenazas naturales y humanas. Este escenario se complicó aún más por la falta de políticas mediano y largo plazo que consideren los cambios demográficos, tecnológicos y ambientales. Con una población envejecida y una tasa de crecimiento baja, México debe adaptarse a un panorama de crisis climática, aumento de eventos extremos y vulnerabilidades estructurales, como la sobreexplotación de acuíferos y la urbanización en zonas de alto riesgo. La ausencia de sistemas de alerta temprana y de capacidades de respuesta eficaces han dejado al país claramente rezagado ante catástrofes climáticas recientes, con consecuencias devastadoras tanto en vidas humanas como en la economía local. La falta de actores especializados en gestión de riesgos y la sustitución de conocimiento técnico por lealtades políticas profundizan la vulnerabilidad general, aumentando los daños cuando ocurren emergencias. En un momento en que la inestabilidad global y los cambios en la naturaleza demandan estrategias de previsión sólida, México debe fortalecer su inteligencia estratégica y reactivar sus capacidades en protección civil para salvaguardar la seguridad de su población frente a las múltiples amenazas que enfrenta.
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